El Estado Mexicano, -es decir sociedad y gobierno, todos nosotros conjuntamente-, estamos llamados a responder con vigor al complejo momento que vivimos. La educación es la piedra angular de todo proyecto de Nación. Frente a la emergencia educativa, sanitaria, económica y social, respondamos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México, con toda la fuerza del Estado. Necesitamos de un verdadero Estado Social, que resguarde y promueva en primer lugar, la educación, la salud, la seguridad y el bienestar de los más pequeños. Nuestra Constitución así lo mandata en su artículo 4o., recientemente reformado [1]:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Es necesario reconocer que estamos ante una “catástrofe educativa” de dimensiones globales, que puede dejar fuera del sistema educativo a más de 250 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el mundo, como lo señaló el pasado 15 de octubre, el Papa Francisco, en el lanzamiento del Pacto Educativo Global.

También señaló en aquella ocasión, que: "Ante esta dramática realidad, sabemos que las medidas sanitarias son insuficientes si no van acompañadas de un nuevo cambio en el modelo de desarrollo... para que se respete y proteja la dignidad de la persona humana. La crisis que atravesamos es una crisis global, que no se puede reducir ni limitar a un único ámbito o sector. Es general. El Covid ha hecho posible reconocer de forma global que lo que está en crisis es nuestro modo de entender la realidad y de relacionarnos".

Frente a ello, proponemos con urgente apremio, considerar al sector educativo como prioritario dentro de la política nacional, gestionando conjuntamente un trabajo corresponsable, estratégico y solidario, que ordene las prioridades de nuestro entramado social, económico y político:

1. Garantizar un Programa Estratégico General para el Regreso Presencial a la Comunidad Educativa, el próximo 30 de agosto, que parta de un diagnóstico serio, calificado y amplio, que recoja las realidades y las voces de la educación pública y privada, con especial atención a las dolorosas situaciones de inequidad, articulando una respuesta gradual y solidaria para todos, y que reincorpore a los más de tres millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han quedado fuera del Sistema Educativo Nacional, lo que exige un ajuste al Acuerdo de Salubridad General así como la revisión y socialización verdadera, incluyendo la participación de las familias, en la formulación de protocolos adecuados a cada contexto y confirmados por la comunidad de cada plantel. Por otro lado, se debe redoblar el esfuerzo pedagógico, tecnológico e instrumental, de los programas de educación continua, para aquellos que por distintas razones no pueden regresar de manera presencial a la comunidad educativa.